Morococha, un pueblo fantasma, o el costo de la transición energética en Perú

Morococha, un pueblo fantasma, o el costo de la transición energética en Perú

Yolit Alejo observa el tajo del proyecto minero Toromocho, en Morococha. Foto Alessandra Rozas

• Una mina de cobre abierto en la región de Junín, reubicó a más de 5.000 ciudadanos en 2012 para expandir sus operaciones. Pero en el nuevo pueblo también se han detectado concentraciones de plomo y arsénico superiores a los niveles permitidos

Al pie del acantilado, Elvis Atachaua Ursúa mira los escombros del lugar donde antes vivía. “Desde acá se puede ver dónde estaba mi casa exactamente. Ahora ya no existe, todo lo han destruido”, recuerda. Atachahua Ursúa, de 47 años, con el rostro cuarteado por el frío y la mirada cansada, vivía en la Antigua Morococha, un pueblo que desapareció a finales de 2025 para dar pase a la expansión del campamento minero Toromocho, uno de los proyectos de cobre más importantes del Perú.

En la región Junín, ubicada en la sierra central del Perú, una zanja kilométrica corta la tierra a más de 4700 metros de altura. Se trata del proyecto “Toromocho”, una mina a tajo abierto que administra la empresa china Chinalco. Procesa 170 mil toneladas de roca mineralizada al día para extraer cobre. “Toromocho” genera el 8.5% de la producción nacional. Hace 15 años, Chinalco construyó una ciudad para reubicar a los más de 5 mil habitantes de Morococha, un pueblo ubicado a menos de 5 kilómetros de sus operaciones.

Dos estudiantes caminan por Nueva Morococha, el 12 de julio. Foto Alessandra Rozas

La llamaron “Nueva Morococha”. En diciembre de 2025, las últimas 5 familias que se resistían a mudarse fueron desalojadas. Más de 200 agentes de Policía Nacional del Perú irrumpieron en sus casas por una medida cautelar que solicitó Chinalco al Poder Judicial. Los comuneros apenas si pudieron sacar algunos objetos personales. Videos que circularon luego por WhatsApp mostraban cómo las viviendas fueron demolidas. Antes del desalojo, vivieron por años entre escombros, sin acceso a luz ni agua y escuchando explosiones todos los días.

Carlos Castro Torres, abogado de las familias de la Antigua Morococha, afirma que el desalojo fue irregular y que han interpuesto un proceso de amparo. En mayo último, el juez Jesús Santana Socualaya, quien autorizó el desalojo, solicitó al Ministerio Público que investigue a Chinalco por incumplir la prohibición expresa de no destruir las viviendas.

Mientras tanto, Perú se posiciona como el tercer productor de cobre a nivel mundial. El Ministerio de Energía y Minas registró que a finales de 2025 las exportaciones nacionales superaron los 2.7 millones de toneladas, valorizadas en $28.130 millones. Y China es el destino del 75% de la producción cuprífera.

Perú es uno de los países más baratos para producir cobre, indica José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y presidente de la ONG Cooperacción. “Extraer una tonelada de cobre en Perú cuesta alrededor de un dólar, mientras que el precio de la libra ha alcanzado un pico histórico. A comienzos del siglo XXI, costaba 70 centavos (de dólar). Hoy cuesta cuatro dólares”, señala De Echave.

Vista del proyecto minero Toromococho en Junín (Perú), el 19 de septiembre. Foto Alessandra Rozas

Este auge histórico coincide con el aumento de la demanda mundial de este metal en medio de un proceso internacional de transición energética. Para frenar el cambio climático, ahora las empresas buscan prescindir de los combustibles fósiles y migrar hacia fuentes de energía renovables y menos contaminantes, como la luz y el viento.

El cobre es el metal más importante de este proceso. Es un conductor de electricidad y la base para las infraestructuras de transmisión de energía. También es fundamental para que funcionen objetos que utilizamos todos los días: equipos electrónicos, celulares y computadoras. Es así que la presión porque la producción crezca en los proyectos cupríferos aumenta cada vez más, y termina trasladándose a los territorios y comunidades locales. Esto es lo que ocurrió con las familias de Morococha.

Yolit Alejo Bonifacio, de 50 años, es madre de cuatro niños. Vivió en la Antigua Morococha desde que nació hasta que la Policía la sacó a la fuerza de su casa. El día del desalojo, recuerda, sólo pudo conservar la ropa que traía puesta. Tampoco pudo rescatar a los animales que criaba en su corral. “Ni siquiera pude sacar los útiles escolares de mis hijos. Perdimos hasta los instrumentos que tocaban”, se lamenta.

Elvis Atachahua en Junín, en septiembre. Foto Alessandra Rozas

Alejo Bonifacio consiguió alquilar una tienda en Paucará –un pueblo a 5 minutos en carro de la Nueva Morococha– para vender verduras, carnes y abarrotes. Aún no ha podido recuperarse económicamente. Las ventas diarias, afirma, son mínimas.

No es la única en esta situación. Elvis Atachahua se mudó a un cuarto en la “Nueva Morococha” y ahora se dedica a reparar impresoras, computadoras y celulares. Pero los clientes escasean.

“Hasta ahora no podemos salir adelante. Tenemos varios procesos legales que la minera ha iniciado contra nuestras familias”, asegura Atachaua Ursúa. Junto con Yolit Alejo, deben asistir todas las semanas a audiencias judiciales, presentar documentos legales y responder escritos. Ambos aseguran que es imposible continuar su vida con normalidad y deben suspender sus negocios con frecuencia.

Un pueblo fantasma

Pero en la “Nueva Morococha” la situación tampoco es del todo segura. El Estudio de Impacto Ambiental del reasentamiento de Morococha, realizado en 2009 por la consultora Knight Piésold, detectó que, con excepción de una, las muestras tomadas en el suelo donde actualmente están los pobladores presentaban niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). En algunos puntos, los superaban hasta en 8 y 11 veces. Además, el Programa “Nuestras Ciudades”, del Ministerio de Vivienda, emitió un oficio en 2012 en el que alertaba que la zona donde se reasentaron las familias estaba expuesta a inundaciones, sismos y licuación de suelos.

En la plaza central de la Nueva Morococha, una de las esquinas apunta al ingreso del mercado principal de la ciudad. La minera Chinalco construyó una galería de 5 pasillos con más de 20 puestos adecuados especialmente para la venta de alimentos. Cada uno cuenta con un lavadero, repisas y mesas. Pero solo tres funcionan. Atienden hasta mediodía. Luego deben cerrar por la ausencia de clientes, indican dos vendedores entrevistados para este reportaje.

Plaza central de la ciudad Nueva Morococha, en Junín.               Foto Alessandra Rozas

“En Nueva Morococha no hay ingreso económico. Las ferias de productos regionales eran grandes en el pueblo antiguo, venían de diferentes lugares a comprar y vender, pero ahora la venta es bajísima”, afirma Elvis Atachahua. Al costado del mercado principal, Chinalco acondicionó un terminal terrestre. Los estacionamientos destinados para la llegada de transportes colectivos y camiones de carga hoy son espacios vacíos. En la Nueva Morococha, actualmente viven aproximadamente 500 familias.

Aunque la construcción de la “Nueva Morococha” implicó una inversión de $50 millones, hoy las calles lucen desiertas. “Cuando inició el proceso de reasentamiento, la empresa minera prometió generación de empleo y trabajo. Pero la Nueva Morococha es una ciudad sin dinamismo económico, una ciudad fantasma”, apunta el abogado Carlos Castro Torres.

Zona del proyecto minero Toromococho, el 19 de septiembre. Foto Alessandra Rozas

“Las zonas productoras se suelen sacrificar en función de la transición energética. Procesos de reubicación como el de Morococha se piensan en función de los tiempos del negocio minero y no de los tiempos necesarios para proteger los derechos y la cultura de la población que va a ser reubicada”, apunta José de Echave.

La “Nueva Morococha”, además, se construyó en un bofedal que el Centro Nacional De Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ha calificado como zona de riesgo no mitigable. Las viviendas corren el riesgo de derrumbarse o sufrir daños por la inestabilidad del suelo.

La tasa de alumnos del colegio secundario ha disminuido progresivamente con el pasar de los años. En 2024, se inscribieron 213 alumnos. A inicios de 2026, empezaron las clases 196. En la antigua Morococha, al año se matriculaban aproximadamente 700 estudiantes. Las autoridades del centro educativo indican que la deserción escolar se debe a que las familias emigran de la “Nueva Morococha” en busca de trabajo. La población que aún permanece suele padecer de enfermedades diarréicas y problemas respiratorios, registra el Centro de Salud local.

Estatua de un minero en la Nueva Morococha.                              Foto Alessandra Rozas

Una investigación de la Universidad del Centro del Perú señala que en 2017 el 52% de la población de la Nueva Morococha estaba desempleada “a causa del reasentamiento”. Y el 80% afirmaba que el reasentamiento “afectó sus puestos laborales”.

“Para que sea una transición energética justa debe incluir la perspectiva de la población. Sino, los territorios van a terminar sacrificándose en función de ese objetivo. Nadie discute que el mundo debe cambiar de fuentes de energía, lo que hay que discutir es bajo qué condiciones. Y lo que estamos viendo en Morococha es un buen ejemplo de eso”, apunta José de Echave.

Para este reportaje, buscamos recoger la versión de la empresa Chinalco. Al cierre de esta edición, no respondieron a las llamadas ni los correos.