Keiko Fujimori descubre los límites de su poder en el Congreso peruano

Keiko Fujimori descubre los límites de su poder en el Congreso peruano

Keiko Fujimori en Nueva York, el 22 de septiembre.  Foto Shannon Stapleton (REUTERS)

• Los votos que controlaba con mano de hierro como opositora se le vuelven en contra ahora que está en la presidencia

Durante años, Keiko Fujimori utilizó el poder de su partido en el Congreso peruano para poner contra las cuerdas a los gobiernos de sus adversarios.

Ahora que está en la presidencia, los papeles se han invertido. Apenas dos meses después de instalarse en Palacio de Gobierno, Fujimori ha sufrido esta semana un importante revés político. El pleno de la Cámara de Diputados ratificó un recorte drástico de las facultades legislativas que había solicitado para gobernar por decreto. La líder del partido que llegó a tener la mayoría absoluta del Parlamento cuenta hoy con 41 de los 130 diputados y necesita los votos de otras bancadas para aprobar sus reformas. Su promesa de mano dura contra la inseguridad, el eje de su programa, depende de ellas.

El Gobierno había pedido autorización para legislar sobre seguridad ciudadana, economía y otras materias durante 120 días. Su propuesta incluía 66 medidas, pero el Congreso las redujo a 20 y acortó el plazo a 90 días. El pasado martes, el fujimorismo intentó recuperar parte de lo perdido y negoció con otras bancadas una propuesta para elevar de 20 a 29 las medidas autorizadas. El acuerdo fracasó y, tras una maratoniana sesión de 13 horas, la Cámara de Diputados aprobó por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones el texto recortado que el Ejecutivo había intentado cambiar a toda costa.

Al final salieron adelante 20 facultades centradas en seguridad ciudadana y en la respuesta al fenómeno de El Niño costero. En seguridad, las facultades aprobadas permitirán al Gobierno endurecer las medidas contra la extorsión y el crimen organizado, reforzar los controles migratorios y de armas y reformar el sistema penitenciario, aunque dejaron a las Fuerzas Armadas fuera del cuidado de las cárceles, que era una propuesta central de Fujimori.

Algunos diputados se opusieron a ampliar las facultades por las medidas de seguridad que proponía el Gobierno. “No podíamos darle al fujimorismo un cheque en blanco para que se tomen decisiones que comprometan a las Fuerzas Armadas y se violen los derechos humanos. Ya hay una historia con el fujimorismo en esos temas”, afirma Fernando García Huby, diputado del centrista Partido del Buen Gobierno, en alusión a los abusos cometidos durante el Gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa, por los que el padre de la presidenta fue condenado.

La votación dejó a Fujimori ante un escenario inédito para su agrupación política. Aunque el fujimorismo es la primera fuerza del Congreso bicameral, carece de mayoría propia en ambas cámaras y no cuenta con el respaldo automático de las bancadas que consideraba aliadas.

“Cuando estaban en el Congreso, tenían mayoría suficiente, por sí solos o en alianzas, para subordinar al Ejecutivo. Pero nunca han estado en un escenario como este. Es como si ahora no supieran manejarse en una situación donde la negociación es obligatoria”, sostiene el politólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica Fernando Tuesta.

En 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, Fuerza Popular obtuvo 73 de los 130 escaños de un Congreso entonces unicameral. Fujimori no era parlamentaria, pero su bancada censuró al ministro de Educación y, en septiembre de 2017, negó la confianza a todo el gabinete, que tuvo que renunciar en bloque. Después, ya sin mayoría absoluta, el fujimorismo mantuvo su poder mediante alianzas y, durante la presidencia del izquierdista Pedro Castillo, respaldó la censura de cinco ministros. El poder del Congreso llegó a tal extremo que, en los últimos diez años, el fujimorismo solo o en alianza con otros partidos participó en la destitución de cuatro presidentes: Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí.

Ahora que Fujimori gobierna, conseguir los votos se ha convertido en uno de sus principales problemas, y nadie encarna mejor ese cambio de papeles que su primer ministro, Luis Galarreta, que presidió el Congreso durante parte del enfrentamiento con Kuczynski. Entonces formaba parte del partido que presionaba al Ejecutivo. Hoy le toca negociar en nombre de la presidenta. Durante semanas se reunió con representantes de distintos partidos para defender las 66 medidas solicitadas, pero no logró reunir los apoyos necesarios.

La resistencia apareció entre quienes parecían sus aliados. Renovación Popular, el partido de ultraderecha de Rafael López Aliaga, se unió a otras tres agrupaciones para reducir las facultades. Las negociaciones del martes 6 terminaron en acusaciones de traición. El diputado fujimorista César Revilla aseguró que otro legislador retiró su firma de una propuesta de consenso que había aceptado apoyar. Al final, el partido oficialista tuvo que aceptar las mismas 20 medidas que el Gobierno consideraba insuficientes. Ni siquiera lo hizo en bloque. Sin otra salida, 34 de sus 41 diputados votaron a favor del texto que habían intentado cambiar, y sin esos votos no habría salido adelante. Los otros siete se abstuvieron. “Lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita”, se quejó Galarreta a través de un comunicado oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre las facultades rechazadas estaban las que permitirían ampliar las operaciones de inteligencia y dar a las Fuerzas Armadas un papel más directo en el resguardo de las cárceles. También quedaron fuera medidas para facilitar la formalización de pequeñas empresas y simplificar trámites administrativos. El Gobierno sostiene que necesitaba esas competencias para enfrentar la ola de extorsiones y sicariato que sufre el país y acelerar sus reformas.

“Yo no creo que esto haya sido una pérdida para el Gobierno. Lo único que evidencia es que no tenemos una mayoría en Diputados”, señala el diputado Arturo Alegría, vocero alterno de la bancada fujimorista.

La votación de esta semana también mostró las divisiones de la oposición. Mientras la izquierda cercana al expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde su fallido autogolpe de 2022, pretendía rechazar por completo el pedido, otras agrupaciones opositoras aceptaron conceder facultades limitadas. Incluso hubo bancadas que dividieron su voto.

Esta división puede favorecer a Fujimori en el Senado, donde su partido tiene 22 de los 60 escaños. Si consigue el respaldo de los ocho representantes de Renovación Popular, quedaría a un solo voto de la mayoría absoluta. El Gobierno intentará recuperar allí algunas de las facultades excluidas. La presidenta tiene así una oportunidad de recuperar parte de lo perdido. Pero para conseguirlo necesitará negociar con partidos que ya han demostrado que no están dispuestos a darle todo lo que pide. “Si no negocian —advierte Tuesta—, lo que va a pasar es la parálisis”.