Las enfermedades venéreas y la violencia digital escolar desafían el alcance de la educación sexual en Argentina

Las enfermedades venéreas y la violencia digital escolar desafían el alcance de la educación sexual en Argentina

Una persona sostiene un condón en una imagen ilustrativa. Foto Thianchai Sitthikongsak (Getty Images)

• A 20 años de su sanción, la ley que estableció la educación sexual obligatoria en el país continúa siendo arena de disputa y enfrenta el desfinanciamiento del Gobierno de Milei

“¿Si hay más sífilis, para qué sirve todo esto?”. La pregunta la enuncia Graciela Spinelli, fundadora y presidente de Padres Unidos Argentina, organización que cuestiona una de las leyes fundamentales de la agenda progresista del país sudamericano: la que estableció, hace 20 años, la Educación Sexual Integral (ESI) obligatoria y transversal en todos los niveles educativos y en todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, laicas o religiosas. Spinelli confiesa que hace algunos años le daba “miedo” sostener sus argumentos en público, pero que ahora percibe un “cambio de época” que le ha permitido a padres que piensan como ella alzar la voz e impulsar proyectos para modificar la ley en distintas legislaturas provinciales e incluso articular con otros países.

“Si la ESI hubiera sido una vacuna contra las enfermedades de transmisión sexual, nadie dudaría en retirarla. No solo no resolvió los problemas que prometía, sino que los indicadores muestran que empeoraron”, expuso en X Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una de las voces más críticas de esta política. Su argumento se vale de los datos del Boletín Epidemiológico Nacional, que muestra un aumento de casos de sífilis del 74% este año respecto de la mediana de los últimos tres años. Otros episodios, como el denunciado esta semana en el Colegio Modelo Lomas, donde alumnos utilizaron herramientas de inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras y circular las imágenes sin su consentimiento, también reavivan el cuestionamiento sobre los alcances y la efectividad de la educación que reciben los niños y adolescentes en la etapa escolar.

“La ESI es efectivamente una herramienta clave de prevención de fenómenos como la violencia de género en entornos digitales y el aumento de enfermedades de transmisión sexual, pero no podemos establecer un vínculo de causalidad entre estas cosas”, sostiene Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina. La especialista llama la atención sobre el desfinanciamiento que ha sufrido la ESI durante la gestión de Javier Milei y la interrupción de las capacitaciones docentes. “El presupuesto de 2026 representa solo el 2% del que era en 2023”, resume.

Sobre el aumento de los casos de sífilis, gonorrea y clamidia, Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, explica que coincide con una caída global del uso del preservativo y con la disminución de su distribución gratuita por parte del Estado nacional: en 2025, el Ministerio de Salud distribuyó apenas 832 unidades. Cahn considera que no es razonable atribuir el aumento de las infecciones de transmisión sexual exclusivamente a la implementación de la ESI. “Es mucho más complejo. Ni estas enfermedades, ni los embarazos en la adolescencia, ni los abusos sexuales en la infancia empezaron con la ESI”, señala, que además nunca ha sido aplicada de manera consistente y uniforme en todo el país. Aunque reconoce un “desconocimiento preocupante sobre las ITS” entre los jóvenes, sostiene que la respuesta no es menos ESI, sino “más y mejor ESI”.

Prevención de abusos

Dos décadas de recorrido permiten identificar algunos efectos concretos de la ley. Yael Bendel, asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica que hablar en las escuelas sobre los límites del cuerpo, lo que los adultos pueden y no pueden hacer y la necesidad de romper silencios y secretos contribuyó a detectar situaciones de abuso y aumentar las denuncias. Según un relevamiento del organismo, ocho de cada diez denuncias de abuso sexual contra niños y niñas se produjeron después de una clase de ESI.

“Pero la ESI también modificó la respuesta institucional. Las escuelas tuvieron que fortalecer la escucha y los circuitos de protección y denuncia, mientras que la Justicia avanzó en capacitación, espacios especializados y canales de atención”, apunta Bendel. Aun así, señala que queda mucho por hacer, desde agilizar las condenas hasta ampliar los sistemas de apoyo a las víctimas.

Para Pilar Escalante, politóloga y especialista en ESI por la Universidad Nacional de Rosario, la ley no se reduce a una serie de temas que se dictan en el aula. Considera que es también una perspectiva sobre las relaciones sociales y de poder que se construyen en la escuela y en la sociedad. Desde esa perspectiva, la educación sexual integral permite visibilizar desigualdades, violencias y opresiones de género, pero también hablar de libertad, posibilidades y disfrute. Sus contenidos fueron cambiando a lo largo de los últimos 20 años, incorporando transformaciones legales posteriores como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o la interrupción voluntaria del embarazo. También fueron apareciendo nuevas preocupaciones surgidas de las propias comunidades educativas.

Aunque reconoce un retroceso en la implementación, Escalante distingue entre la resistencia que se expresa en el debate público y la recepción de la ESI que detectan concretamente en los ámbitos educativos. “Cuando trabajamos con las familias o en espacios comunitarios colectivos y nos ponemos a hablar de las temáticas, los contenidos, las dinámicas y preocupaciones de la educación sexual hay una gran valoración y aceptación”.

Una experiencia similar describe María Emilia Villalba, docente del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta, que forma maestros de primaria en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, la Villa 31. La primera vez que dio una clase de ESI, hace más de una década, sus alumnos se fueron muy enojados. “No entendían qué quería decir, quién me pensaba para hablar de estos temas”, apunta. Ni siquiera había abordado temas específicos de sexualidad; habían trabajado un texto del sociólogo Josep Vicent Marqué que cuestiona si lo que entendemos como “natural” está atravesado por procesos de construcción social. Ese día se generó una incomodidad que, sin embargo, Villalba entiende como una herramienta pedagógica. “En un primer momento puede haber una resistencia, pero finalmente una ve cómo da paso a un entorno de escucha, para pensar situaciones de violencia y entender muchas cosas de la propia vida y de la de los otros”, apunta la docente, cuyo alumnado está conformado sobre todo por mujeres de familias migrantes. “Una termina viendo que sirve para fortalecer la autoestima de los alumnos. Que la ESI es una herramienta incluso sanadora para las personas”, apunta.

Voces en contra

Para Galkin, de Amnistía Internacional, el aumento de las voces contrarias a la ESI, alentadas por un discurso oficial que la presenta como una herramienta de adoctrinamiento en ideología de género, también ha retraído a los docentes responsables de impartirla. Ante el riesgo de ser cuestionados o sancionados, algunos limitan su aplicación, lo que se traduce en contenidos más lavados y un refuerzo del enfoque biologicista.

“Nada, ni una palabra de lo que dice la ESI más allá de lo biológico, es evidencia”, sostiene Clara Muzzio, para quien la ESI “abusa de la autoridad institucional sobre los chicos para presentarles ideas polémicas como certezas científicas, promoviendo confusión y duda”. La funcionaria porteña considera que el programa “privilegia una identidad cultural llamada ‘género’ por encima de las expresiones físicas del propio cuerpo”. También lo califica como una “intromisión ideológica” y un “programa de propaganda sistematizado desde el Estado creado para manipular, desde la más temprana edad, creencias profundas sobre la condición humana”.

En lo concreto, Muzzio cree que la ESI se atribuye la potestad de sustituir los valores que podría tener una familia por otros, generados por una burocracia intelectual que cree estar por encima. “A la larga, la ESI promueve el rencor y la desconfianza de las niñas hacia los varones, quebrando las relaciones de confianza complementaria entre los dos sexos”, completa.

La disputa, en buena medida, gira en torno a quién tiene la responsabilidad de garantizar la educación sexual de niños y adolescentes. La ESI deposita esa responsabilidad en las instituciones educativas para asegurar el derecho de todos los estudiantes, independientemente de la voluntad o la capacidad de sus familias. Las voces críticas, entre ellas la del presidente Javier Milei, invierten ese orden.

“Hoy siento que nosotros somos el progreso y lo otro es lo arcaico: que la escuela imponga cuestiones que deberían abordar las familias, que ya pertenecemos a otra generación y podemos perfectamente hacernos cargo de hablar de estos temas”, dice Spinelli. Su organización plantea derogar la ley y reemplazarla por una “ley de educación para la salud que coloque nuevamente a la familia en el centro de la información, el acompañamiento y la responsabilidad sobre la crianza y educación de sus hijos”. También propone un sistema para que los padres deban prestar consentimiento informado para que sus hijos participen en determinados contenidos de educación sexual, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos.