Un fiscal peruano archiva el caso de las esterilizaciones forzadas pese a hallar indicios de crímenes de lesa humanidad

Un fiscal peruano archiva el caso de las esterilizaciones forzadas pese a hallar indicios de crímenes de lesa humanidad

Dionicia Calderón, Ricardina Urbina y Maribel Meza en Lima, este miércoles. Foto Paolo Aguilar (EFE)

• La investigación contra 52 personas se cerró mediante una ley impulsada por el fujimorismo, ahora de regreso en el poder. Las víctimas seguirán reclamando justicia

Dionicia Calderón, una mujer menuda y enérgica de 62 años, barría la sala de su casa en Los Morochucos, un pueblo de las alturas de Ayacucho, en los Andes peruanos, cuando recibió la noticia. Un fiscal de Lima acababa de archivar la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú, de las que ella fue víctima en 1997. Dionicia dejó la escoba a un lado. “Sentí como si me hubieran echado agua helada al cuerpo”, recuerda.

No tenía dinero para viajar a la capital peruana, pero tampoco estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Vendió cinco gallinas y subió a un ómnibus interprovincial. Casi treinta años atrás, la habían llevado en un camión a un hospital para esterilizarla sin su consentimiento. Estuvo a punto de morir por las secuelas. Después llegaron el estigma y las humillaciones. Su esposo la abandonó y en el pueblo algunos vecinos empezaron a llamarla “capona”, como si fuera un animal castrado. Hoy representa a otras 80 mujeres de su comunidad que pasaron por lo mismo. Para ellas, la pesadilla no termina.

Maribel Meza también salió de Ayacucho rumbo a Lima este martes. Abordó un autobús en Vilcas Huamán, donde representa a 49 personas afectadas por las intervenciones. Durante las doce horas de viaje no pudo quitarse de la cabeza la decisión fiscal. Pensaba en la operación que le practicaron a la fuerza cuando tenía 27 años y en las cicatrices que todavía lleva en el cuerpo. Durante un tiempo le ocultó lo sucedido incluso a sus propios hijos. Ahora debía explicarles a las campesinas de su provincia que la investigación había terminado. “¿Cómo van a sentirse?”, se preguntaba.

Dionicia Calderón durante una protesta en Perú, en 2025.          Foto Cnddhh Perú

Este miércoles, Dionicia y Maribel llegaron a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Lima, para denunciar que la justicia peruana volvía a cerrarles la puerta en la cara. Durante más de veinte años, el expediente, que reúne las denuncias de 4.172 personas esterilizadas sin autorización durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), transitó de un despacho fiscal a otro, entre pesquisas truncas, cierres temporales y reaperturas. Ahora que su hija, Keiko Fujimori, gobierna el Perú, el caso vuelve a quedar sepultado.

El fiscal Jesús Dávila Rojas, de 39 años, asumió la investigación en abril de 2025. Diecinueve meses después, ha puesto fin al proceso contra 52 personas, entre ellas Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Fujimori y actual senador de Fuerza Popular, el partido de Gobierno. No lo hizo por falta de pruebas. En una resolución de más de 6.000 páginas, Dávila determina que existen “indicios reveladores” de esterilizaciones practicadas sin consentimiento de las víctimas y concluye que los hechos constituyen “un crimen de lesa humanidad” perpetrado como “un ataque generalizado y sistemático” en el marco de una política de Estado. Aun así, dio por prescritos los delitos y mandó el expediente completo al archivo.

Para hacerlo, Dávila aplicó una ley aprobada por el Congreso en 2024 y promovida por el ahora senador Fernando Rospigliosi, dirigente importante de Fuerza Popular. La norma permite declarar prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigor de los tratados internacionales sobre la materia en Perú, entre 2002 y 2003. Su promulgación provocó el rechazo de los organismos de derechos humanos y del propio Ministerio Público, que en diciembre de 2024 demandó su inconstitucionalidad. Hoy, esa misma Fiscalía se ampara en ella para cerrar una de las investigaciones más extensas y emblemáticas sobre los abusos del régimen de Alberto Fujimori.

“Es la primera vez que un fiscal dice que se debe aplicar una ley que el propio Ministerio Público había calificado como una ley de impunidad”, afirma Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que ha seguido durante años procesos por violaciones a los derechos humanos cometidos en los noventa en Perú. “No es un tema de inexistencia de pruebas. Hay múltiples evidencias”, añade.

Las esterilizaciones se practicaron como parte de un programa de planificación familiar que el régimen de Fujimori padre puso en marcha en 1996. Durante los cuatro años siguientes más de 314.000 mujeres y 24.000 hombres fueron esterilizados, según cifras recogidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas de las intervenciones se realizaron bajo coacción o sin consentimiento válido y afectaron sobre todo a mujeres indígenas en situación de pobreza o pobreza extrema en 22 departamentos del Perú. El Ministerio de Salud fijaba cuotas de intervenciones por regiones y los resultados de las campañas masivas llegaban hasta la Presidencia de la República, de acuerdo con las investigaciones.

Algunas mujeres murieron tras las operaciones. Celia Ramos Durand falleció en Piura, al norte del Perú, en 1997, después de ser sometida a una ligadura de trompas sin su consentimiento. Su familia llevó el caso a la Corte IDH, que en marzo de este año publicó una sentencia que declaró responsable al Estado peruano por las violaciones a sus derechos y por las irregularidades cometidas durante la investigación de su muerte. El tribunal ordenó identificar y sancionar a los responsables. También exigió al Estado reparar los daños causados.

El caso de Celia Ramos aparece en el expediente que acaba de cerrar el fiscal Dávila. Entre los investigados por su muerte figuraban Alejandro Aguinaga y otro exministro de Salud de Fujimori, Marino Costa Bauer. Ni siquiera la sentencia de la Corte IDH evitó que terminara archivado. La resolución también comprende a otras cuatro mujeres que murieron tras las operaciones.

Para justificar por qué el caso no llegará a juicio, pese a haber identificado a los responsables de las muertes y las lesiones, Dávila se escudó en la llamada ley Rospigliosi. “La imposibilidad de continuar con la persecución penal obedece, por tanto, no a la ausencia de elementos de convicción, sino a la aplicación del régimen jurídico de prescripción vigente”, señala en su resolución. Un fiscal que reconoce la gravedad de los crímenes, pero decide no perseguirlos.

Carlos Rivera cree que detrás de la decisión de Dávila hay algo más que una interpretación jurídica. El abogado apunta al temor que, a su juicio, se ha instalado entre jueces y fiscales por las represalias promovidas por Fernando Rospigliosi contra quienes se nieguen a aplicar la ley que él mismo impulsó. “Los jueces están sometidos a una presión sin precedentes”.

Hasta marzo de 2025, al menos 47 resoluciones judiciales habían rechazado la aplicación de esta ley por considerarla contraria a la Constitución peruana y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Rospigliosi ha respondido denunciando por prevaricato a los magistrados que se negaron a acatarla. En agosto de 2025, pidió la destitución de Richard Concepción Carhuancho, el juez que siete años antes había enviado a prisión preventiva a Keiko Fujimori por el caso de la presunta financiación ilegal a sus campañas electorales. Este año denunció a tres jueces superiores que tampoco aplicaron su ley al condenar a cuatro expolicías por la matanza de presos durante una intervención militar en el penal Miguel Castro Castro de Lima, en 1992.

El abogado también relaciona el archivo con los cambios en la conducción de la Fiscalía, ahora encabezada por Tomás Gálvez, y con el regreso del fujimorismo al Gobierno. “Quieren mostrar un Ministerio Público absolutamente condescendiente y amigable con el poder”, afirma. El fiscal Dávila no respondió a la solicitud de entrevista de EL PAÍS.

“No será el único caso”

Las consecuencias de la ley Rospigliosi pueden extenderse a otras investigaciones por violaciones a los derechos humanos en el Perú. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, señala que ya se han presentado al menos 46 solicitudes para acogerse a la prescripción en otros procesos. “No será el único caso”, alerta.

Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal que representa a las víctimas en este proceso, anunció este miércoles que apelarán la decisión de Dávila ante una fiscalía superior. Esa instancia deberá decidir si confirma el archivo o dispone que la investigación continúe. Los abogados también acudirán a la Corte IDH para denunciar el cierre del caso. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ninguna de las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas ha recibido hasta ahora reparación civil.

A Dionicia Calderón, con los ojos vidriosos, le indigna que se hable de reparaciones como si fueran un regalo. “Dejé de darle comida a mis hijos, dejé de comer yo para sanarme”, afirma. Exige que el Estado le devuelva el dinero que tuvo que gastar para sobrevivir a las secuelas de la operación. Ni el dictamen del fiscal Dávila ni el blindaje legal desde el Congreso las van a detener. “Esa ley tiene que anularse”, exige Meza antes de emprender el camino de regreso a Vilcas Huamán, en la serranía peruana. Dionicia aprieta las manos: “Mientras esté viva voy a seguir luchando”. La larga travesía hacia la justicia parece no tener fin.