Las denuncias del Gobierno contra Gustavo Petro por corrupción pasan por cuestionar su moralidad

Las denuncias del Gobierno contra Gustavo Petro por corrupción pasan por cuestionar su moralidad

Gustavo Petro en Ciudad de México, el 10 de octubre. Foto Mario Guzmán (EFE)

• Los señalamientos no solo exigen un juicio penal, sino uno moral, sobre la sexualidad del expresidente

En el centro de la pelea entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la oposición de izquierdas hay una nueva denuncia de corrupción que, esta vez, está ligada a la vida íntima del expresidente Gustavo Petro.

Presidencia ha denunciado que el exmandatario ofreció contratos públicos durante su mandato a más de 40 mujeres a cambio de relaciones sexuales, una acusación que aún está por probar. Pero el tono de la denuncia, desde el primer día, no se ha limitado a la legalidad de sus acciones, pues ha llegado a la moralidad en su vida privada.

“Le vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente: no a gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros, que es un protocolo de ejemplo”, dijo Carlos Ríos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al hacer la denuncia. Para la Presidencia, el nuevo escándalo ha sido una oportunidad para ubicarse como un ejemplo moral de defensa de la familia tradicional y los valores conservadores que ven alejados de Petro.

La denuncia de Ríos no llegó sola. La reforzó días después Deicy Jiménez, una excontratista que dice haberse acostado con el expresidente a cambio de varios de esos contratos, y que ya ha dado su testimonio ante la Corte Suprema. Alega que el presidente hizo lo mismo con decenas de mujeres. Petro, por su lado, no ha negado conocer a Jiménez sino pagar relaciones con contratos, e interpuso una demanda contra Ríos alegando que este es quien presiona a mujeres que han sido contratistas para que le denuncien.

Si bien en Colombia la vida personal de los personajes públicos suele mantenerse privada, por años la intimidad de Petro ha sido objeto de debate público. Hace 15 años, cuando era alcalde de Bogotá, en los corrillos políticos rondaban chismes sobre su sexualidad; ya como presidente, apareció en Panamá, donde estaba por un viaje oficial, de la mano de una mujer que no era su esposa. Meses después, él mismo hizo público su divorcio. Uno de sus directores del Dapre, Angie Rodríguez, ahora lo acusa de buscar relaciones con menores de edad trans, algo que ella dice que escuchó de un tercero, por lo que también ha sido demandada por Petro. Con todo ello, sean los rumores o el divorcio, Petro representa para la derecha no solo la corrupción, sino una inmoralidad que dicen combatir.

“Ese desastre moral y ético es la verdadera cara del Pacto Histórico”, anotó el presidente del partido de Gobierno, el senador Enrique Gómez, sobre la denuncia de Ríos. En las cuentas de influencers cercanas al presidente, como ‘De La Espriella Presidente’, alegan que la de Ríos es una denuncia sobre “la degenerada vida privada de Petro”. José Obdulio Gaviria, miembro del más grande partido de derechas, Centro Democrático, tilda al expresidente de impostor “que cubre vicios y ambiciones con un discurso de virtud, pureza y principios elevados”. “Si el Estado pagó la poco ortodoxa e intensa sexualidad de Petro, sí es algo de interés público”, dice el senador del uribismo Andrés Forero, en un ejemplo de la mezcla entre una acusación de ilegalidad y un calificativo sobre la sexualidad del político de izquierdas.

“En varios países de la región donde está esta ola neoconservadora, que exalta cierto tipo de familia y cierto tipo de moral, se está dibujando en el discurso político una nueva frontera sobre quién es el antagonista político, ahora definido de acuerdo a la moral”, explica Juan Federico Pino, profesor colombiano de Ciencia Política en Flasco, Ecuador, y quien ha seguido las transformaciones del discurso político. “Durante muchos años, en Colombia se dibujaba ese límite diciendo que uno era neoliberal o uno era de izquierda; que uno apoyaba a los paramilitares o a la guerrilla. Los nuevos gobiernos buscan que esa delimitación pase por lo moral. Ahora la moralidad define un ellos y un nosotros, es la nueva batalla cultural que quieren posicionar”, añade.

En el pasado sí hubo rumores sobre la vida privada de expresidentes cuando ejercieron el poder, aunque una diferencia fundamental es que no llegaban a ser denuncias del sucesor en el Palacio de Nariño. En el caso de Petro, cuando la denuncia viene de presidencia, la Casa de Nariño se permite crear ese “ellos” contra el que dar “un ejemplo”, en palabras de Ríos.

No es el único espacio político donde se cuestiona la moral de los políticos haciendo referencia a la sexualidad. Esta semana, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, una política admirada a nivel nacional por su manejo de la crisis tras el terremoto de agosto, demandó a un ciudadano que la acusó de ofrecer dinero a mujeres para que se acuesten con ella ―el hombre también habla del “lesbianismo” como una aberración. No es una denuncia de corrupción tan seria como la de Jiménez y Ríos, que viene desde Presidencia y no desde un video viral, pero es otra muestra de cómo el juicio moral sobre la sexualidad ha avanzado como forma de debate público.

“Tal como se ha presentado hasta ahora la noticia de Petro, sí creo que hay una línea muy difusa entre la denuncia de corrupción y la de actividades sexuales pagas”, dice Olga Amparo Sánchez, feminista y directora de la Casa de la Mujer. Aclara que toda corrupción debe investigarse, y no le parece mal que haya algún tipo de conversación cultural alrededor de la prostitución. “Pero me parece que lo hacen desde la moralina, no intentando cuestionar el poder patriarcal”, dice Sánchez. “Se rasgan las vestiduras porque unos políticos compran sexo, pero no con que hay más de 20.000 hechos de violencia sexual en lo que va del año. Hay un hecho que se usa con fines políticos, y con ello no digo que no se denuncie, pero la sociedad lo ve moralmente para sancionar a un individuo”, termina.