El gobierno federal afirma que Stellantis debe «cientos de millones» en subsidios; la empresa ofrece apenas 24 millones de dólares

El gobierno federal afirma que Stellantis debe «cientos de millones» en subsidios; la empresa ofrece apenas 24 millones de dólares

La ministra de Industria, Mélanie Joly, afirma que Stellantis debe reembolsar cientos de millones de dólares, ahora que está claro que venderá su planta automotriz en Brampton, Ontario. (Evan Mitsui/CBC)

• El gobierno notificó a la compañía el incumplimiento de un acuerdo de financiación federal de 2022

El fabricante de automóviles Stellantis ha anunciado que devolverá 24 millones de dólares en subsidios federales tras comunicar sus planes de vender su planta de ensamblaje en Brampton, Ontario. Sin embargo, la ministra de Industria, Mélanie Joly, sostiene que la empresa adeuda una cantidad muy superior a la que ofrece.

El lunes, la compañía anunció su intención de vender las instalaciones de Brampton al fabricante de vehículos blindados Roshel Inc. Según el gobierno federal, esta operación supone un incumplimiento de un acuerdo de 2022, mediante el cual se destinaron millones en subsidios para la modernización de la planta.

En un comunicado emitido el jueves, el director ejecutivo de Stellantis Canadá, Trevor Longley, señaló que la empresa devolverá al gobierno 24 millones de dólares en subsidios.

«Somos conscientes de la decepción y la incertidumbre que rodean al futuro de estas instalaciones. Aunque nuestra decisión de vender la planta supone un cambio respecto a los planes originales para Brampton, el acuerdo al que hemos llegado con un fabricante canadiense ofrece una vía para recuperar el uso industrial productivo de las instalaciones», indica el comunicado.

Esta cifra difiere de la evaluación del gobierno sobre lo que Stellantis adeuda.

«Stellantis tiene una deuda de cientos de millones de dólares», declaró Joly a los periodistas tras una reunión celebrada el jueves con representantes del fabricante de automóviles, el gobierno de Ontario y el sindicato que representa a los trabajadores de la planta.

Al ser consultada al respecto, Joly no precisó una cifra exacta y se limitó a responder: «Stellantis sabe cuánto debe». Los registros gubernamentales indican que, anteriormente, se otorgaron a la empresa cerca de 220 millones de dólares en subsidios destinados a la modernización de sus plantas en toda la provincia.

Al solicitarle una respuesta sobre la propuesta de Stellantis de devolver 24 millones de dólares, la oficina de la ministra Joly señaló que se mantienen las declaraciones realizadas anteriormente por ella.

El jueves, Joly envió una carta a Longley informándole que el gobierno da por finalizado un proceso de resolución y notificando al fabricante de automóviles que se encuentra en situación de incumplimiento de un acuerdo de financiación gubernamental suscrito en 2022. «La paciencia tiene un límite. Para ser franca, estoy harta. Estoy harta, los canadienses están hartos y los trabajadores están hartos», declaró Joly tras la reunión del jueves. Asimismo, señaló que el gobierno tiene previsto reunirse con el director ejecutivo global de Stellantis.

En la carta dirigida a Stellantis, la ministra indica que la empresa dispone de un plazo de 30 días para adoptar medidas correctivas; de lo contrario, el gobierno podría intentar rescindir el acuerdo de 2022 y recuperar los subsidios otorgados.

Stellantis había estado negociando con el gobierno para buscar una posible alternativa para la planta de Brampton, después de que la compañía anunciara el año pasado que no seguiría adelante con los planes de fabricar el Jeep Compass en dichas instalaciones.

El gobierno había suscrito un acuerdo para conceder subsidios al fabricante automotriz, destinados a reequipar la planta para la producción del modelo Jeep. Según la carta de Joly, la venta prevista a Roshel demuestra que Stellantis no tiene interés en hallar una solución satisfactoria.

«Debo concluir que Stellantis ya no está trabajando de manera diligente y de buena fe para elaborar un plan satisfactorio en el marco del Proceso de Resolución. Por consiguiente, dicho proceso queda rescindido», reza la misiva.

El sindicato sostiene que el gobierno debería haber actuado antes. Se durmieron.

Hace casi un año, Joly prometió que el gobierno notificaría a Stellantis un incumplimiento de contrato.

Lana Payne, presidenta nacional de Unifor —el sindicato que representa a los trabajadores de la planta—, afirmó que el gobierno federal debería haber intervenido con mayor antelación.

«Nos encontramos ante la venta de una planta, a pesar de que todo el país se había manifestado en contra de que esto ocurriera. Y, sin embargo, aquí estamos: la planta ha sido vendida», declaró Payne a los periodistas tras la reunión del jueves.

«¿Por qué no se pudo hacer nada la semana pasada? ¿O la anterior? ¿O la anterior a esa?».

Stellantis y Roshel firmaron un memorando de entendimiento sobre la posible venta en septiembre. El lunes, el fabricante automotriz anunció su intención de seguir adelante con la operación.

Al ser cuestionada durante la conferencia de prensa del jueves, Joly indicó que el gobierno no tiene capacidad para impedir la venta. Más de 2000 trabajadores de la planta de Stellantis en Brampton han permanecido sin empleo desde que la empresa suspendió sus operaciones en 2023 para reacondicionar las instalaciones con el fin de fabricar el Jeep Compass.

En el acuerdo anunciado por el gobierno de Trudeau en 2022, Ottawa se comprometió a invertir hasta 529 millones de dólares en las plantas de Stellantis en Brampton y Windsor (Ontario), con el objetivo de facilitar su reacondicionamiento para aumentar la producción de vehículos eléctricos y de combustión interna.

A principios de 2025, Stellantis interrumpió el plan de reacondicionamiento en la planta de Brampton y, en octubre de ese mismo año, anunció que el Jeep Compass se fabricaría, en su lugar, en la planta de ensamblaje de Belvidere, en Illinois.

Como parte del acuerdo con Roshel anunciado el lunes, existe la posibilidad de que Stellantis vuelva a arrendar una parte de las instalaciones.

Stellantis señala que cerca de 1800 trabajadores de la planta de Brampton siguen en situación de suspensión temporal de empleo. Desde 2023, estos trabajadores han continuado percibiendo el 70 % de su salario, además de mantener sus prestaciones.

La semana pasada, Unifor exigió una reunión entre todas las partes interesadas, incluido el gobierno de Ontario, Stellantis y el gobierno federal.

El primer ministro Mark Carney declaró el jueves que su gobierno había sido informado sobre «algunos aspectos» del plan de Stellantis para vender la planta automotriz a Roshel, antes de que el acuerdo se anunciara a principios de esta semana.

El primer ministro hizo estos comentarios un día después de que surgieran informes que indicaban que tanto su oficina como la de la ministra de Industria, Mélanie Joly, conocían desde hacía meses los detalles de lo que finalmente se hizo público.

El despacho de Joly ha insistido en que la ministra «no participó en la negociación del acuerdo con Stellantis ni con Roshel» y que no se reunió con el fabricante de vehículos blindados.

El líder conservador, Pierre Poilievre, ha pedido a Carney que destituya a Joly de su cargo ministerial a raíz de la venta de la planta. El jueves reiteró esta exigencia y sostuvo que todos los detalles del acuerdo de 2022 deberían hacerse públicos.

«¿Por qué no hace público el acuerdo, señor Carney? Su gobierno entregó nuestro dinero. Los canadienses merecen saber cuánto pagaron y qué recibieron a cambio», afirmó durante una conferencia de prensa en Calgary.