Desde su primer día de regreso a Perú, el país en el que vivió por 20 años, el papa León XIV se refirió a la Amazonia. El aprovechamiento de sus recursos, dijo, “exige cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades que dependen de ella”, reconociendo así la “historia milenaria” que viene de los pueblos y sus diversas lenguas. En dos días, además, estará en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), justo en plena selva amazónica, reuniéndose con comunidades indígenas. Pero su visita contrasta con lo que el Gobierno peruano decidió hace dos semanas sobre la Reserva Territorial de Madre de Dios, donde habitan los mashco piro, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario más grandes del mundo, y que se encuentran a unos 750 kilómetros desde donde estará el domingo el Papa. Tras más de 20 años de promesas, el Estado volvió a retrasar la ampliación de su territorio.

Mientras en la visita de León XIV se habla de la protección de la vida, “las acciones del Estado apuntan a exterminar a un pueblo”, dice Laura Posada, abogada de EarthRights, organización que, junto a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y sus Afluentes (Fenamad), ha buscado blindar el lugar donde habitan los mashco piro. El 23 de octubre, explica, el Gobierno convocó a una comisión multisectorial para ponerle punto final a lo que se ha convertido en una deuda histórica: decidir si dentro de la reserva Madre de Dios deben permanecer las concesiones forestales que ya se otorgaron, como sucede desde 2002, o determinar que es un territorio netamente indígena, por lo que no se debería hacer ninguna actividad maderera.

En lo que podría considerarse un giro inesperado, ganó por votación una tercera propuesta que las organizaciones no esperaban, ni para lo que estaban preparadas. Volver a hacer un estudio que demuestre dónde hay presencia de los mashco piro y ahí sí determinar si se les debe ampliar el territorio. “Eso puede demorar otros 10 años”, comenta Posada. “No hay pueblo en aislamiento que aguante eso”.

Deforestación del pueblo indígena, en Perú. Foto FENAMAD

La primera vez que se hizo un estudio similar fue en 2001. Gracias a la evidencia recolectada, se estableció que el área en la que habitaban los mashco piro estaba por encima de las 2.400.000 hectáreas, recomendando que ese debía ser el tamaño del polígono a proteger. Sin embargo, en lo que también fue otro giro inesperado, el Estado solo reconoció unas 829.000 hectáreas (el 34%) por dos razones. Una, porque una parte de ese territorio ya estaba bajo la figura de parque nacional, y la otra, porque decidió que la reserva podía ser compatible con la extracción de madera, por lo que categorizó una parte como “bosque de producción permanente”, aprobando concesiones forestales. La consecuencia ha sido fatal: encuentros entre madereros y mashco piro que, incluso, han resultado en muertes.

En 2016 se repitió un segundo estudio que arrojó conclusiones similares: los mashco piro tienen presencia en donde están las concesiones forestales, dijo el documento. La misma comisión que fue convocada el pasado 23 de octubre aprobó que la reserva debía ampliarse a 1.070.599 hectáreas, pero eso nunca se tradujo a la realidad. “Los Gobiernos a veces optan más por la economía que por proteger la vida”, dijo a El PAÍS en otra ocasión Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de Fenamad, asociación que representa a 37 comunidades de los pueblos indígenas del departamento de Madre de Dios.

Los riesgos de no definir el territorio en el que están los mashco piro no son menores. Van más allá de su libre determinación y autonomía, y pasa por que tienen un sistema inmune distinto que puede ser más vulnerable ante epidemias y enfermedades. También es un peligro en sí mismo para los trabajadores de las compañías madereras. Entre diciembre de 2019 y julio de 2020, por ejemplo, se registraron al menos 15 avistamientos de integrantes de pueblos indígenas en aislamiento, además de la muerte de un comunero por el impacto de flechas de los mashco piro, según un estudio de World Wildlife Fund Perú.

Desde Fenamad han empleado todas las vías para poder blindar ese territorio. Desde 2008 acudieron a los tribunales nacionales sin mucho éxito y, tras varios esfuerzos por vías internacionales, en 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió su caso. En las audiencias que han tenido este año frente a la Corte fue que el Estado peruano señaló que el 23 de octubre iban a reunir a la comisión para buscar una decisión definitiva sobre la categorización y ampliación de la reserva.

Pero más que una resolución definitiva, fue una procrastinación. Incluso un “retroceso”, en palabras de Posada. Varios sectores que hacen parte de la comisión “empezaron a cuestionar la presencia de los mashco piro, y a decir que no había suficientes pruebas de que seguían en la zona”. Y en una votación de por sí desequilibrada —de 16 sectores que se sientan en la comisión, solo dos representan a indígenas—, nueve votaron a favor de hacer un nuevo estudio. Aunque este medio contactó al Ministerio de Cultura de Perú, encargado de liderar la comisión, no recibió respuesta.

De aquí hasta que se haga el estudio y se publique, las concesiones forestales que ya existen seguirán funcionando. Algunas con contratos renovados que van hasta 2052. “Las decisiones de esta comisión quedarán grabadas en la historia”, señaló en un comunicado Ríos, pidiendo a las instituciones asumir su responsabilidad en la protección de estos pueblos. Junto a EarthRights además han pedido que la comisión rinda cuentas por una elección que, dicen, “podría conllevar daños irreparables al territorio y a la vida del pueblo mashco piro”.

También se respaldan en un foco de esperanza: el fallo que emita la Corte IDH. Aunque ya tuvieron las primeras audiencias, la sentencia puede demorar un año en darse.