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  • November 15, 2026 , 12:45pm

Un soborno millonario y dos cómplices fantasma de Ryan Wedding: la cacería del FBI contra el ‘rey de la cocaína’

Un soborno millonario y dos cómplices fantasma de Ryan Wedding: la cacería del FBI contra el ‘rey de la cocaína’

Ryan Wedding es escoltado por agentes del FBI al llegar esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, el 23 de enero de 2026. Foto FBI (via REUTERS)

 

  • Dos nuevos personajes, hasta ahora desconocidos, emergen en la acusación contra Luis Benítez Alcántara, el juez que habría recibido un pago millonario a cambio de liberar a quien fuera la mano derecha de Wedding

 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) no quiere dejar títere con cabeza en la red criminal que encabezaba el capo canadiense Ryan Wedding.

Ahora tiene en la mira a dos nuevos personajes misteriosos: los sospechosos que habrían negociado y entregado un soborno de dos millones de dólares a un juez mexicano a cambio de que liberara a la mano derecha del exatleta olímpico de snowboarding convertido en el rey de la cocaína, para que frenara, al menos durante unos días, su extradición desde la Ciudad de México a Estados Unidos.

Wedding, entretanto, permanece encarcelado en una instalación secreta de Los Ángeles, California, y tiene dos opciones por delante: enfrentar un juicio a partir de octubre de 2027 o convertirse en un informante que delate a quienes le ayudaron a expandir su organización de tráfico de drogas por Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Italia y Reino Unido. Si elige la segunda alternativa, su premio sería una condena reducida en un sistema judicial que recompensa la colaboración con las autoridades, por más sanguinario que haya sido el criminal. Alias The Giant enfrenta un amplio abanico de cargos: dirigir una empresa criminal, conspirar para distribuir cocaína, ordenar el asesinato de un colaborador del Gobierno, intimidar a testigos y lavado de dinero. Son delitos por los que podría pasar el resto de su vida en prisión.

El imperio multimillonario de tráfico de drogas que construyó Wedding sigue desmoronándose desde que el capo se entregó a las autoridades en Ciudad de México en enero. Varios de sus cómplices están presos; uno de ellos fue abatido hace unos días durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas, mientras que a otros los mandó matar por deudas de drogas y por temor a que estuvieran cooperando con el Gobierno estadounidense.

Su patrimonio también está en riesgo: una colección de 60 motocicletas de lujo, valorada en al menos 40 millones de dólares, comenzó a ser subastada en la capital mexicana esta semana, una operación que se adelanta al veredicto de un jurado californiano que debe analizar su caso antes de declararlo culpable de narcotráfico y lavado de dinero.

Este decomiso parece insignificante frente a los 250 millones de dólares que según la acusación, Wedding y su entorno transfirieron tan solo en el año 2024 a diversos sitios, aunque el expediente no especifica a qué lugares los enviaron. Fue ese año cuando salió a la luz por primera vez la existencia de este capo hasta entonces desconocido, que había movido más de 1.800 kilos de cocaína con ayuda del Cartel de Sinaloa.

El juez corrupto

Una de las piezas clave para entender la influencia de Wedding en el mundo del narco se hizo pública el 1 de noviembre. El juez mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años y vecino de la Ciudad de México, fue arrestado en Colombia por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de dictar una orden que favoreciera a Andrew Clark, alias The Dictator y mano derecha de Wedding.

Luis Benítez Alcántara juez mexicano arrestado en Colombia por presuntamente recibir un sobornos para favorecer a Wedding.

Luis Benítez Alcántara juez mexicano arrestado en Colombia por presuntamente recibir un sobornos para favorecer a Wedding.

 

Benítez Alcántara, un juez penal, ejercía desde 2021 en el centro de justicia federal del Reclusorio Sur de Ciudad de México, adonde llegó el caso de Clark, una figura clave en la trama criminal del narcotraficante canadiense. Según los cargos presentados por un gran jurado del Distrito Sur de California, el juez Benítez Alcántara “se valió de su cargo oficial” para liberar a The Dictator y evitar su extradición, a cambio de un soborno millonario que, según las autoridades de Estados Unidos, se le transfirió el mismo día de la excarcelación.

De acuerdo con documentos judiciales, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark envió alrededor de 2,75 millones de dólares, distribuidos en pequeñas cantidades, a dos intermediarios cuyos nombres se mantienen bajo reserva judicial para no entorpecer su captura, una operación dirigida por agentes del FBI. Una vez que tuvieron el efectivo, esos dos personajes y Clark negociaron con Benítez Alcántara y le ofrecieron el pago indebido.

Clark fue arrestado en México en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. En noviembre de ese mismo año solicitaron su extradición, pero pocos meses después, el juez Benítez Alcántara, a cargo de supervisar la petición de Washington, le concedió la libertad bajo fianza. Poco después, sin embargo, Clark fue arrestado de nuevo y enviado finalmente a California, donde su proceso continúa abierto.

Benítez Alcántara aparece identificado en el expediente como The Judge, El Juez. Él y los dos intermediarios de Clark enfrentan nueve cargos, entre ellos el de complicidad posterior al delito, que se refiere a prestar ayuda a un delincuente después de que ha cometido un crimen. Cada uno de esos delitos puede acarrear una condena de hasta 15 años de prisión.

El arresto en Colombia

Washington esperó a que Benítez Alcántara saliera del país para ejecutar su arresto, lo que pone de relieve los claroscuros de la colaboración entre Estados Unidos y México en casos puntuales. Mientras que la cooperación bilateral fluye para grandes operaciones contra el crimen organizado en México y para el traslado exprés de objetivos importantes para Estados Unidos, la implicación de un juez federal activo en el caso de Wedding llevó a Washington a optar por el sigilo y mantener en máxima reserva sus investigaciones.

Tras la captura de Benítez Alcántara en Colombia, el Tribunal de Disciplina Judicial, creado para vigilar la conducta de los jueces federales, informó de que, si bien mantenía abiertas cuatro causas contra el magistrado por “presuntas irregularidades en el ejercicio de su función jurisdiccional”, ninguna estaba relacionada con los señalamientos de narcotráfico de Estados Unidos.

El hecho de que no hubiera una investigación por este asunto implica que tampoco el Ministerio Público lo conocía o, como mínimo, que no había dado el aviso, pues para poder arrestar en territorio mexicano a un juzgador en activo, la Fiscalía debe solicitar primero al Tribunal de Disciplina su suspensión con fines de detención.

Benítez Alcántara, un magistrado de carrera judicial —es decir, no fue electo en las urnas como parte de la reforma a la judicatura impulsada por el oficialismo en México—, viajó a Colombia gracias a una especie de licencia académica. Su estancia en otro país ayudó a Estados Unidos a librar el burocrático camino de la extradición que en México atoró durante años el traslado de varios capos. Ahora este juez espera su propio proceso de extradición a California.

La caída del ‘General’

El caso contra El rey de la cocaína reviste enorme importancia para Estados Unidos y ha encontrado apoyo en México en la tarea de desarticular la trama corrupta. El pasado 5 de noviembre, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, informó que fue abatido Edgar Aarón Vázquez, El General, fundador del Cartel Nuevo Imperio.

Washington acusaba al capo de haber brindado protección a Wedding y de utilizar sus contactos policiales para protegerlo, localizar a adversarios de su red criminal y de colaborar estrechamente en el trasiego de cocaína a la zona metropolitana de Los Ángeles y a Canadá. Se presentaba a sí mismo como asociado del Cartel de Sinaloa y como jefe de su propia organización, el Cartel Nuevo Imperio, que operaba sobre todo en la Ciudad de México “y que prosperó bajo la protección de ciertas autoridades mexicanas”, se lee en la acusación.

Pero nada fue gratuito. La acusación apunta que El General le cobró a Wedding una cuota de ingreso única de 500.000 dólares para permitirle entrar en el grupo, además de una cuota mensual promedio de 100.000 dólares por dejarle operar y una suma adicional cada vez que le compartía información.

Wedding y su gente recibieron de parte del General credenciales auténticas de las fuerzas de seguridad mexicanas, las cuales habían sido alteradas y manipuladas para incluir sus nombres y fotografías, “permitiéndoles así atravesar sin problemas los puestos de control de seguridad en México”, señala el expediente.

En un documento presentado este martes, un funcionario federal notificó al tribunal que lleva el caso de Wedding que El General había muerto en un enfrentamiento a tiros con policías mexicanos. Por esa razón, ya no era necesario mantener bajo reserva la acusación que un gran jurado de Los Ángeles presentó en su contra a finales de septiembre.

El Gobierno estadounidense sostiene que Wedding pasó una década en México cometiendo delitos y expandiendo su imperio criminal hasta alcanzar dimensiones comparables a las de los capos Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán, antes de entregarse a las autoridades en la sede de la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana en enero.

Más de 30 presuntos colaboradores del narco canadiense han sido detenidos como parte de esta investigación, que se ha extendido desde los tres países de Norteamérica hasta Colombia y República Dominicana. Tenía, además, una red de lavado de dinero que se extendía por Canadá, Italia y el Reino Unido.

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