Una conexión clandestina para volcar residuos al mar lleva a juicio a una pesquera en Argentina
Una conexión clandestina para volcar residuos al mar lleva a juicio a una pesquera en Argentina

Costa de Puerto Madryn (Argentina). Foto Ullstein bild (via Getty Images)
- La Fiscalía sostiene que la empresa había montado un sistema oculto para eliminar desechos crudos en el Golfo Nuevo, el mayor santuario de ballena franca de Sudamérica
Un arroyo pequeño baja serpenteando entre los arbustos que rodean las costas australes del océano Atlántico. El agua que trae no es ni incolora, ni inodora ni insípida: es de un naranja intenso que, tras mucho correr, se inserta con su nube de moscas en las pequeñas olas cristalinas del Golfo Nuevo, el recodo de mar patagónico donde cada año más de mil ejemplares de ballena franca austral se refugian para reproducirse y criar a sus pequeños.
Esa imagen, capturada en febrero de 2023 por un vecino de la ciudad de Puerto Madryn (unos 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires) disparó una investigación judicial que este mes ha llevado al banquillo a la empresa Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., de capitales argentinos y españoles. Se la acusa de haber montado un sistema clandestino de ductos para descargar residuos crudos derivados del procesamiento industrial de langostinos, el producto estrella que se exporta desde esas playas al mundo.
Conarpesa se encuentra, junto con muchas otras empresas pesqueras, ubicada en el parque industrial de Puerto Madryn, muy cerca del puerto y de la línea del mar. Si bien es una empresa radicada en Argentina, con domicilio legal en Buenos Aires y cuatro plantas productivas en las costas patagónicas, su titular es de nacionalidad española, Fernando Álvarez Castellano, y parte de su participación accionaria pertenece a Worldwide Fishing Company, S.L. (Wofco), compañía originaria de Galicia. Sin embargo, la acusación de la Justicia se dirige contra dos ejecutivos locales: Nadine Parry, quien era por entonces gerenta ambiental de la empresa, y Yoosef Brahim Vargas, quien era encargado de la planta de tratamiento de efluentes.
El juicio iniciado en noviembre es, en realidad, la reedición de uno anterior. En 2023 el fiscal general de Puerto Madryn, Alex Williams, pidió penas de prisión efectiva de más de tres años por el delito de contaminación ambiental para ambos, pero fueron absueltos por la jueza Patricia Reyes alegando que se violaron las garantías del proceso. La Fiscalía apeló esa absolución ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que en junio de este año la anuló el proceso y ordenó realizar un nuevo juicio con otro magistrado.
Tras la viralización del video filmado por el vecino, se inició una investigación que constató la presencia de un líquido de color “rosado-naranja” que recorría unos 50 metros antes de desembocar en el mar. Se excavó en las inmediaciones del predio y se descubrió una conexión no declarada por la que se supone que se desviaban residuos industriales hacia las aguas del Golfo Nuevo. Las pericias arrojaron que las características químicas de las muestras eran compatibles con “un líquido crudo de la industria pesquera procesadora de langostinos” y que contenían concentraciones de materia orgánica superiores a los 1.500 miligramos por litro, cuando el límite permitido por la normativa era de 50 miligramos por litro.

Operaciones de la planta en Puerto Rawson, Argentina. Foto Conarpesa
A esto se sumaron como prueba mensajes extraídos del teléfono celular secuestrado a Nadine Parry. Según la acusación presentada en noviembre de 2023, el peritaje detectó conversaciones mantenidas el 13 de febrero de 2023 con Yoosef Vargas, en pleno desarrollo de las inspecciones. Entre los intercambios incorporados al expediente aparecen frases como: “venite urgente”, “voy a hablar con Olga para que no tire cloro ni nada de eso”, “porque ya no podemos desviar el payas” y, finalmente, “Ya terminamos Nadine quedaron las dos salidas tapadas”. Para la Fiscalía, esos mensajes constituyen un indicio de conocimiento y gestión de la conexión investigada.
Conarpesa negó en el marco del proceso judicial que esos líquidos salieran de su planta y aseguró que desconocía la existencia de las conexiones halladas. Se contactó reiteradamente con la empresa, que eligió no hacer declaraciones. Fundada en 1977 y presidida desde 1995 por Álvarez Castellano, Conarpesa es la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina. De acuerdo con su página web, tiene 25 buques pesqueros y sus plantas trabajan en doble turno para cumplir el objetivo de procesar 20.000 cajones diarios.
“Siempre que se investiga a actores con factores de poder uno recibe ataques que exceden la defensa técnica”, sostuvo Alex Williams, consultado sobre la dificultad de investigar compañías de tanto peso para la economía local. “En este caso el dueño de la empresa tiene pauta en muchos medios periodísticos y a través de esos medios he recibido agresiones, ataques personales y cuestionamientos”, agregó.
La acusación concluye que la conducta atribuida a los imputados configura el delito de contaminación ambiental, previsto en la Ley 24.051, y considera como víctima a toda la población de Puerto Madryn, dado que los vertidos habrían afectado las aguas costeras y el ecosistema del Golfo Nuevo, el mayor santuario de la ballena franca austral en Sudamérica y una joya de biodiversidad que cada año visitan miles de turistas de todo el mundo.
Otras pesqueras investigadas
Conarpesa aparece también en otra investigación judicial abierta esta semana en Puerto Madryn, que tiene en foco a cuatro empresas pesqueras sospechadas de infringir la ley de vuelcos, que prevé los términos en los que los efluentes de sus plantas pueden ser descargados en el mar o el suelo. Los hechos involucrados en esta investigación son anteriores, de 2016, e incluyen además a las compañías Red Chamber, Estrella Patagónica y Congeladores Patagónicos; estas dos últimas, muy vinculadas a grupos empresariales españoles.
Este expediente también se inició a partir de denuncias vecinales recogidas por un medio periodístico de la zona, pero estuvo casi diez años en manos de la Justicia federal, que recién este año, al filo de la prescripción de los hechos, se declaró incompetente y derivó el caso a los fueros de la provincia de Chubut, donde se encuentra Madryn. “A partir de ahora tenemos seis meses para procesar la prueba que nos permita formular una acusación o, caso contrario, pedir el sobreseimiento”, explicó Cecilia Pístara, funcionaria de la Fiscalía de Puerto Madryn del área de Delitos Ambientales.
Hay una gran cantidad de empresas de capitales españoles que operan en la costa patagónica argentina. Una explicación posible está en los datos: esa inversión que realizan vuelve a sus territorios convertida en productos. Los crustáceos (categoría en la que se anotan los langostinos) son el segundo producto que más exporta Argentina a España, por detrás de los residuos de soja utilizados para alimentar animales. También los filetes de pescado y los moluscos se encuentran entre los cinco primeros puestos, de acuerdo con datos del servicio de estadísticas de comercio exterior de España (Estacom), presentados este martes en la Embajada española en Buenos Aires.

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